Cécile Barbeito
En el boletín anterior, un primer artículo analizó las medidas propuestas en los programas electorales para las elecciones europeas de mayo de 2014 referentes a la armonización fiscal, el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades, los impuestos especiales y el IVA. En esta segunda entrega del artículo, se analizan los temas de mayor prioridad de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria, como la lucha contra el fraude fiscal, las SICAVs, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), y la fiscalidad ambiental:
- Lucha contra el fraude fiscal y Control de los paraísos Fiscales: En materia de lucha contra el fraude fiscal y control de paraísos fiscales, existe una gran divergencia entre las propuestas de los partidos. Todos los partidos sin excepción formulan propuestas referentes a como mínimo uno de estos dos temas. Algunos lo hacen de forma genérica, pidiendo la lucha contra la corrupción, el blanqueo, evasión/elusión/fraude fiscal y/o paraísos fiscales, (CiU, C’s, Compromís, NECat, PP, UPyD). Estos partidos estiman que el esfuerzo puede conseguirse mediante una mayor coordinación/la Unión Fiscal (C’s, UPyD), una regulación más estricta (CiU), o la creación de una Fiscalía Europea (NECat, PP).El resto de partidos formula propuestas mucho más concretas. En materia de regulación de los paraísos fiscales, algunos partidos proponen un mayor control sobre los paraísos fiscales (PSOE-PSC), otros eliminar los paraísos fiscales en el seno de la UE (IU, ICV, Podemos), y otros en el mundo entero (Anova, EAJ-PNV, EH-BILDU). Las medidas propuestas para un mayor control sobre los paraísos fiscales incluyen la reconsideración de la lista de paraísos fiscales con consecuencias para quienes operen en ellos (IU, PSOE-PSC), o la eliminación del secreto bancario (Anova, EAJ-PNV, PSOE-PSC).Muchos partidos complementan estas propuestas con medidas dirigidas a la actividad de las empresas multinacionales en paraísos fiscales, como pueden ser: obligar a que las empresas paguen impuestos donde generan la actividad económica (ICV, PSOE-PSC) en función, por ejemplo, de dónde se basa su fuerza de trabajo, donde mantiene sus activos o qué recursos necesita del país para llevar a cabo su actividad (ICV); Reformar las regulaciones de doble tributación para reducir el fraude relacionado con éstas (Podemos); Excluir de las licitaciones públicas a empresas que operen en paraísos fiscales (ICV, IU, PSOE-PSC); Exigir a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe financiero para cada uno de los países en los cuales operan sus filiales (ICV); o la expropiación de los activos de las empresas radicadas en paraísos fiscales que tengan origen ilegal (fraude fiscal, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico…) (Anova).Otras medidas se refieren al control de las transferencias monetarias a/desde paraísos fiscales, incluyendo el bloqueo de las transferencias de capitales a paraísos fiscales (Anova, ICV, IU), la prohibición de los bancos u otras entidades financieras y sus filiales que operen en paraísos fiscales (ICV), la persecución penal a las empresas que coloquen capitales en paraísos fiscales, y un tipo impositivo a las inversiones procedentes de paraísos fiscales del 50% en sus transacciones (Podemos).
En cuanto a la lucha contra el fraude, varias medidas específicas propuestas se refieren un mayor acceso a la información como medida de control, como la aprobación de normas que aseguren la transparencia (PSOE-PSC); la obligación de intercambio automático de información fiscal en todos los países de la UE, incluidos los de ultramar (PSOE-PSC); o el registro público europeo de fideicomisos, trusts y fundaciones, con información sobre cuentas, beneficiarios e intermediarios (PSOE-PSC). Otro gran paquete de medidas tiene que ver con sanciones más estrictas para los delitos fiscales, incluida la tipificación del delito fiscal a partir de los 50.000 euros (Podemos), o la obligación a los países con sectores y/o con grandes bolsas de fraude a perseguir judicialmente estas actividades (ICV); Algunos partidos destacan que para ello es necesario reforzar las capacidades de lucha contra el fraude, mediante la ampliación de los mecanismos y de los recursos (Podemos, ICV). Otras medidas destinadas a luchar contra el fraude son la supresión de billetes de 500 euros (PSOE-PSC), la prohibición de las amnistías fiscales (Anova), la prohibición de los productos financieros que tienen como objetivo el fraude fiscal y la pura especulación (EH-Bildu), o la penalización a las entidades financieras que ofrezcan productos o servicios que faciliten la evasión fiscal (Podemos).
- SICAV: Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), despiertan menor interés en los partidos políticos. Tan sólo 3 partidos formulan alguna propuesta al respecto (IU, ICV, Podemos). Mientras que IU pide que las SICAV se regulen de forma más restrictiva, con medidas como que la participación individual de cada socio de la SICAV no sea inferior al 5% del capital, para evitar que sean utilizadas como formas de elusión fiscal, otros (ICV, Podemos) proponen su eliminación.
- Impuesto sobre las Transacciones Financieras: Más extendida es la preocupación por el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF)[1]. Los partidos CiU, EH-Bildu, ICV i PP no mencionan el ITF. Otros lo mencionan para orientar a qué debería destinarse este ingreso extra, como ingresar al presupuesto general de la UE (C’s, NECat), favorecer la economía productiva (EAJ-PNV), potenciar políticas de cohesión económica y social (Compromís), o crear puestos de trabajo digno (IU). En cuanto al alcance del ITF, algunos partidos proponen extender el ITF a todos los países de la UE (EAJ-PNV, NECat), o incluso a países de fuera de la UE (UPyD), aumentar el tipo impositivo (del 0,05% para instrumentos derivados y un tipo progresivo que parta del actual 0,1% para el resto de transacciones (NECat), o el establecimiento de un impuesto sobre los movimientos de capitales en el interior de los países, y otro más elevado para transacciones desde y hacia países extracomunitarios. (Podemos).
- Fiscalidad ambiental: En el ámbito ambiental se enumeran una gran cantidad de propuestas. Algunos partidos nombran el principio de “quien contamina, paga”. (PSOE-PSC), otros argumentan que el objetivo no debería ser que pueda contaminar quien pueda pagar sino que la contaminación no pueda ser rentable (IU).La fiscalidad verde puede fomentarse mediante la supresión de subvenciones negativas para el medio ambiente (EAJ-PNV, ICV); la internalización los costes ocultos de las actividades que conlleven una alteración medioambiental (ICV, UPyD); vía el IVA e Impuesto de Sociedades, que deberían tender a unificarse entre países de la UE (UPyD); beneficios fiscales (CiU, Compromís) y de seguridad social (Compromís); desplazando el peso de los impuestos del trabajo al consumo de recursos naturales, y la eliminación de préstamos públicos nocivos al medio ambiente (NECat).Tales instrumentos fiscales deben servir, entre otros, para la promoción de la energía renovable (ICV, CiU, NECat, UPyD), un menor consumo de agua (CiU, UPyD), la ecoeficiencia en el sector de la construcción (CiU, EAJ-PNV); fomentar que las mercancías se transporten por vía marítima o por tren (CiU); la reducción de emisiones de la aviación, la reducción de los residuos (IU), etc.Anova, C’s, EH-Bildu, Podemos y PP no proponen medidas de fiscalidad ambiental.
El análisis de los programas electorales para las elecciones europeas muestra cómo los partidos basan sus propuestas electorales más centrados en los debates del país que en las competencias que, a la práctica, tiene la Unión Europea en materia fiscal. Los temas en los que la UE tiene competencias propias no són los que están más desarrollados por los programas, sean del partido que sea.
A grandes líneas, se puede afirmar que los partidos de izquierdas son más proclives a utilizar los impuestos como medidas programáticas, en general para sustentar gastos sociales, aunque esta afirmación, como todas las generalizaciones, merece matices. No se han observado, en cambio, grandes tendencias respecto al eje nacionalista español/otros nacionalismos, o nacionalista/no nacionalista. Tampoco se observan diferencias abismales entre los partidos tradicionales, los partidos políticos de nueva creación e incorporación al parlamento europeo, y el partido de base ciudadana. A pesar de las polémicas mediáticas respecto de la iniciativa ciudadana Podemos, su programa electoral puede ser equiparable a las propuestas de otros partidos de izquierdas, sin suponer mayores disrupciones.
En cuanto a los temas que son prioritarios para la plataforma, destaca especialmente la mención a la lucha contra el fraude fiscal y la fiscalidad ambiental. A juzgar por los programas electorales, las dos medidas deberían ser una prioridad del Parlamento Europeo durante la próxima legislatura. Todos los partidos coinciden en afirmar que el fraude debe combatirse, con mayor o menor esfuerzo por concretar medidas para conseguirlo, a la vez que formulan múltiples propuestas ambientales. Por otro lado, se echa de menos la mención de temas emergentes como el bitcoin u otras posibles monedas digitales descentralizadas que facilitan el fraude fiscal.
Teniendo en cuenta que son los partidos de derechas los que ostentan la mayoría en el parlamento, y considerando que en general, las propuestas de los partidos de derechas son menos concretas que las de los partidos de izquierdas, puede preverse que la fiscalidad no será un instrumento especialmente utilizado en la próxima legislatura.
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[1] La Commisión europea adoptó el 14 de febrero de 2013 una propuesta de directiva para promover el ITF. Consiste en una tasación del 0,1% a las operaciones de bolsa (compraventa de acciones y obligaciones – pero no su emisión) y a las transacciones financieras que se dén en mercados no reglamentados (tasa variable en función de la cantidad invertida, partiendo de 0,01%). Once países han aprobado el ITF (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia, y Portugal), que empezará a aplicarse el 1 de enero de 2016. Aunque supone un cierto avance la directiva ha sido objeto de críticas por no ser lo suficientemente ambiciosa.
