Desde la Plataforma Fiscalitat Justa compartim la declaració del FSM 2016 per aconseguir una sistema fiscal global just i solidari, així com encarar els principals reptes que la societat actual afronta avui en dia. Aqui teniu la declaració oficial del Forum, reunits a Montreal entre el 9 i el 14 d’agost del 2016:
Nos comprometemos en trabajar en una coalición social extendida, incluyendo la Alianza Global
para la Justicia Fiscal, liderada por redes del sur, para hacer realidad nuestra visión de un mundo
donde las políticas fiscales transparentes, redistributivas y progresivas combatan las desigualdades
entre y en las naciones y generen los fundos públicos necesarios para asegurar los derechos
humanos – incluyendo los derechos de las mujeres y de los grupos vulnerables, un medio ambiente
sustentable y saludable, niveles altos de protección social y servicios públicos de calidad para el
bienestar común de todos.
El papel de la tributación en el cumplimiento de los derechos humanos
La tributación constituye una herramienta esencial, tanto para realizar los derechos humanos como para
combatir las desigualdades. Los impuestos son indudablemente la más importante fuente de recursos para
los gobiernos, porque juntan tres funciones principales: generar recursos para la realización de los
derechos; lograr la igualdad y enfrentar las discriminaciones; y reforzar la gobernanza y la responsabilidad.
La tributación es esencial al financiamiento del desarrollo y puede ser una herramienta poderosa para
estimular la reducción de la pobreza. Recursos en mayor cantidad y más estables permitirían una mayor
inversión y más sostenible en los servicios públicos, en infraestructura y otras necesidades de desarrollo, y
en mejorar la competitividad de las economías a largo plazo. Estos recursos son necesarios para financiar la
transición hacia fuentes de energías limpias y sostenibles.
Numerosos países luchan para colectar suficientes ingresos fiscales para financiar adecuadamente la
realización de los derechos humanos. La movilización de recursos nacionales es dificultada por estándares
fiscales inapropiados, una competencia fiscal (carrera hacia abajo), la falta de transparencia tributaria –
incluyendo las jurisdicciones que aplican el secreto financiero- y la proliferación de otras políticas tributarias
nocivas. Por ejemplo, los países en desarrollo generalmente no se benefician de la extracción y del uso de
sus recursos naturales, en gran parte por causa de la falta de transparencia, de regulación, de equidad y de
eficacia de su tributación. Estos problemas contribuyen también al abuso y la degradación del medio
ambiente.
Las políticas fiscales regresivas implementadas en numerosos países, de Norte al Sur, amenazan gravemente
los derechos económicos y sociales de grupos ya desfavorecidos. Esta injusticia básica alimenta las
desigualdades económicas, políticas y de género aún más importantes y erosiona la confianza en las
instituciones del gobierno que pueden parecen rendir cuentas a las elites económicas transnacionales en
lugar que a sus propios ciudadanos.
La política tributaria es una política pública y no puede tratarse como mera ingeniería técnica o dejada a la
discreción de los gobiernos, que tienen que rendir cuentas. Las leyes, prácticas y políticas tributarias deben
trabajar para poner fin a la discriminación estructural, en vez de perpetuar crecientes desigualdades
económicas y de género. Instamos a los gobiernos a que implementen una política fiscal con los más altos
estándares de transparencia, de participación pública, de rendición de cuentas significativa, alineada con los
derechos humanos.
La cooperación internacional para soluciones globales. El sistema fiscal internacional actual está obsoleto, privilegia las corporaciones multinacionales y los intereses de las finanzas internacionales, e impide a los gobiernos nacionales colectar los recursos suficientes de forma no-discriminativa, transparente y responsable. Más aun, en una economía globalizada,
ningún país puede combatir la evasión y la elusión fiscal, como subrayaron los recientes y actuales
escándalos sobre los paraísos fiscales – Offshore Leaks (2013), LuxLeaks (2014), Swiss Leaks (2015) y Panama
Papers (2016).
Las recientes negociaciones internacionales sobre la tributación han estado lejos de ser representativas a
nivel mundial. Más de 100 países en desarrollo han sido excluidos cuando la OECD y el G20 negociaban los
estándares BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficio). Siempre que la OECD y el G20 se
auto-proclaman instancias de decisión en términos de estándares fiscales internacionales, un campo de
juego desleal se mantendrá y se otorgará menos prioridad a los intereses y desafíos específicos de los países
en desarrollo. Por ejemplo, la tributación relativa al sector extractivo y la racionalización de los incentivos
fiscales están entre los asuntos que al día de hoy no están siendo debatidos. Una cooperación global es
necesaria y urgente, para establecer las bases de sistemas fiscales progresivos, eficaces y justos, que
puedan favorecer una fuente sostenible de recursos y reduzcan las desigualdades.
Exigimos a nuestros gobiernos lo siguiente:
Reglas fiscales justas para que las multinacionales paguen los impuestos que deben pagar
Asegurar la revisión de los acuerdos de doble tributación para que estén en función de las
necesidades y agendas del desarrollo sustentable y del financiamiento para el desarrollo.
Desarrollar alternativas sólidas al principio disfuncional de Plena Competencia.
Calcular el impuesto de las empresas en base a sus balances financieros consolidados.
Eliminar políticas y tratados que erosionen la base fiscal de los países.
Políticas tributarias progresivas para combatir la desigualdad dentro de los países
Reducir la desigualdad adoptando una gama completa de medidas tributarias progresivas. El diseño
de la política fiscal y su implementación tienen activamente que buscar la reducción de la
desigualdad de género y en los ingresos.
Darle prioridad al compromiso de invertir recursos fiscales en desarrollo vital del ser humano
relacionado con servicios públicos e infraestructura pública (ej. salud, educación, agua, vivienda),
desarrollo sostenible, niveles de protección social adecuada y que contribuyan a mitigar el cambio
climático.
Dar oportunidad a que la voz de los ciudadanos sea escuchada y exigir a los gobiernos auditorías
sobre la política fiscal, lo recaudado y lo gastado.
Asegurar que las políticas fiscales incorporen la perspectiva de género. Esto significa reducir el
impacto de los impuestos regresivos, como el IVA y la implementación de medidas que eviten
impactos fuertes en hombres y mujeres pobres.
Adoptar e implementar un impuesto sobre las transacciones financieras.
Proteger denunciantes y otros defensores de la justicia fiscal quienes trabajan para el interés común
en exponer abusos fiscales flagrantes y considerarlos como defensores de los derechos humanos.
Implementar leyes nacionales para acabar con la evasión fiscal.
Por parte de gobiernos y autoridades locales, prohibir el otorgamiento de acceso a mercados
públicos a empresas que poseen cuentas en paraísos fiscales.
Una cooperación internacional para soluciones globales
Crear un Órgano Intergubernamental en cuestiones de fiscalidad – bajo el auspicio de las Naciones
Unidas – que sea incluyente y este dotado de recursos, que pueda iniciar y llevar negociaciones
sobre una nueva convención dentro de NNUU para la cooperación internacional en cuestiones de
fiscalidad como primer paso en la reforma de reglas fiscales internacionales.
Conducir estudios de impacto de las políticas tributarias en los derechos humanos, que tomen las
medidas necesarias de inmediato para parar cualquier práctica nociva y proporcionar soluciones
eficaces donde el daño ya esté hecho.
Intercambio automático de información y transparencia fiscal de las multinacionales
Adoptar un estándar común y multilateral en Naciones Unidas sobre intercambio automático de
información fiscal con la opción de no reciprocidad en el intercambio de información para países de
baja capacidad.
Eliminar a nivel global el secretismo de los verdaderos dueños por medio de registros públicos de
beneficiarios reales, incluyendo todas las entidades corporativas y fiduciarias
Asegurar la transparencia financiera implementando reportes anuales país por país por parte de las
corporaciones multinacionales.
Publicar e implementar la rendición de cuentas de los acuerdos fiscales firmados entre gobiernos y
empresas.
Asegurar que las administraciones tributarias dispongan de los recursos necesarios.
En términos de derechos humanos, hacemos un llamado a:
1. Empresas y grupos privados, para que evalúen y combatan los abusos en tributación corporativa,
incluyendo en sus declaraciones, políticas y procesos internos el due diligence y empezando con un
reconocimiento claro de los impactos negativos de los abusos fiscales en los derechos humanos, en
línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
2. Asesores, facilitadores, proveedores de sistemas que pueden generar abusos fiscales (en particular
abogados tributaristas, contadores, intermediarios financieros) para que reconozcan sus
responsabilidades particulares en términos de derechos humanos y compensen las actividades
perjudiciales.
3. Instituciones internacionales para que reformen el sistema tributario global, deteriorado,
integrando los estándares de derechos humanos en sus procesos de análisis de la evasión fiscal
corporativa y de las repercusiones nocivas de las políticas fiscales de ciertos gobiernos. Las
instituciones financieras internacionales, quienes aconsejan a los gobiernos sobre sus políticas
fiscales, deben, sobretodo, respetar las obligaciones de dichos países en términos de derechos
humanos.
4. La comunidad ampliada de los defensores de derechos humanos (incluyendo abogados, juristas,
académicos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, sindicatos, instituciones
nacionales de derechos humanos, organismos convencionales y comisiones regionales) para que
estudien activamente cómo las practicas fiscales afectan sus misiones, y desarrollen procesos
prácticos para incorporar la justicia fiscal en su trabajo.
Para promover la agenda de justicia fiscal, nos comprometemos en:
Continuar colaborando y construir sinergias locales, regionales y globales para el cabildeo, las
campañas y la movilización publica por la justicia fiscal.
Fortalecer nuestros esfuerzos para crear sólidos movimientos sociales locales e internacionales que
fuercen a los gobiernos y multinacionales a acabar con la evasión fiscal. Eso incluye campañas
actuales a largo plazo para hacer que las multinacionales paguen lo justo, días de acción mundiales
específicos para la justicia fiscal, sensibilización al público y soporte financiero a medios
alternativos progresistas.
*Esta declaración « Desarmar las finanzas y lograr la justicia fiscal » del Fórum Social Mundial 2016
(Montreal) sigue la tradición del Fórum Social Mundial que en 2002 ha resultado en la « Declaración
universal sobre el derecho a la justicia fiscal como componente esencial de la justicia social », en Tunes en
2013 se produjo la declaración sobre « la justicia fiscal para la justicia social » y en Tunes en 2015 se publicó
una declaración sobre « La justicia fiscal para acabar con las desigualdades », y contiene referencias a la
declaración de Lima de 2015 sobre la justicia fiscal y los derechos humanos.
http://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/ESP_WSF-FSM2016_DECLARATION-Disarm_finance_%26_achieve_tax_justice.pdf ( fsm )