El pasado 25 de Junio tuvo lugar la votación del Convenio para evitar la doble imposición con Andorra (CDI) en el Congreso de los Diputados.
Este convenio, que en esencia permitiría a las empresas de ambos lados de la frontera prestar servicios al otro país sin tributar dos veces, es la puerta de entrada a que las empresas españoles se instalen en Andorra para eludir impuestos. Andorra se ha estado preparando estos últimos años para la transición de la evasión fiscal a la más sofisticada elusión, que es la forma legal de reducir la factura fiscal de las empresas a través de deslocalizaciones de sociedades a jurisdicciones de baja tributación (dumping fiscal). Éste es el único motivo por el que Andorra ha introducido impuestos y homologado su legislación fiscal con Europa, pretendiendo emular el modelo luxemburgués, que ha tomado como ejemplo.
La típica evasión fiscal de fondos no declarados está siendo sustituida a nivel mundial por la más sofisticada “elusión fiscal”, que viene a ser lo mismo pero recubierto de un barniz de legalidad que hace todavía más difícil, por no decir que imposible, su erradicación. Las grandes empresas siempre contarán con una legión de contables y asesores fiscales que, a cambio de facturas astronómicas, encontrarán la forma de sacar partido de los huecos legales que permiten los convenios internacionales, para pagar menos impuestos. Prueba de ello son las presentaciones que están llevando a cabo despachos fiscalistas y bancos andorranos en nuestro país, para captar empresas que se instalen en el Principado.
El resultado de la votación del Convenio con Andorra fue el siguiente: 286 votos a favor, 19 abstenciones y ningún voto en contra. PP, PSOE, Convergència, Unió, PNV votaron a favor, mientras que Izquierda Plural, UPyD, BNG y Compromís se abstuvieron.
Antes de la votación intervinieron tres miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Las Diputadas del PP, María Aránzazu Miguélez, y del PSOE, Trinidad Jiménez, defendieron el sí. Su discurso no se diferenció en ningún aspecto relevante y las dos coincidieron en que era un avance en las relaciones con Andorra. No sorprende tanto el voto del PP que persiste en su política neoliberal, como la del PSOE, del que, posiblemente por mantener todavía el nombre, esperamos infructuosamente una actitud combativa hacia prácticas poco solidarias con la ciudadanía.
De la intervención del Diputado de Izquierda Plural, Sr. Joan Josep Nuet, nos defraudó su voto y su discurso. Su Grupo Parlamentario se abstuvo en la votación, y lo argumentó en que el Convenio, por una parte suponía un avance, pero se abstenían porque quedaban pasos por dar en la tributación de artistas y deportistas, y en el intercambio de información, por excepciones y aspectos ambiguos del convenio. Discrepamos de su anàlisis.
Ninguno de nuestros representantes políticos hizo alusión alguna al aspecto principal del Convenio, que no es otro que posibilitar a las empresas pagar menos impuestos, instalándose en Andorra. Además, a diferencia de lo apuntado por el Diputado de Izquierda Plural, el Convenio dota de mayor seguridad jurídica a los residentes fiscales, lo cual incentivará las residencias de ciudadanos españoles de alto poder adquisitivo hacia Andorra. Por otro lado, los supuestos avances en intercambio de información son poco significativos, y el intercambio automático en el año 2018 formaba ya parte de un acuerdo global de la OCDE con varios países, y no es atribuible al Convenio.
La pregunta obligada es: ¿Desconocen nuestros políticos qué comporta un Convenio de no Doble Imposición en cuanto a sus efectos nocivos por elusión fiscal? ¿O hay otros intereses, más allá que los de defender los intereses legítimos de nuestra ciudadanía?
El Convenio Fiscal con Andorra fue denunciado por diversos colectivos ciudadanos, entre ellos ATTAC, sin embargo ningún partido con representación parlmentaria se hizo eco de los efectos perversos del CDI. Las prácticas de elusión fiscal son responsables en gran media de la reducción en recaudación tributaria, con los consiguientes recortes en servicios públicos y la creciente desigualdad que acarrea en nuesta sociedad. En este caso podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que el Congreso de los Diputados no nos ha representado.
– Aquí pots llegir el posicionament de la Plataforma per una fiscalitat justa sobre el nou CDI España – Andorra.
