El art. 31 de nuestra Constitución recoge y expone la siguiente conducta: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio«.
Continúa su redacción al tenor de: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”
Las premisas quedan claras, el deber de ingresar a Hacienda es de todos los ciudadanos, bajo la supervisión de un principio básico como es la justicia. Obligación que vendrá acompañada con un deber inexcusable de buena gestión del dinero público, en resumen, el dinero de todos por parte de los gestores públicos.
No obstante, una atenta lectura de nuestra normativa tributaria, o, yendo un poco más lejos, a la operativa fiscal realizada por diferentes agentes económicos. Agentes económicos que coinciden curiosamente con aquellos agentes con mayores recursos, nos da una idea de la realidad de nuestro sistema financiero.
Todos contribuirán: El deber de contribuir es Universal, exigible a todos aquellos que operan en nuestro territorio y que por lo tanto van a obtener beneficios sociales por la vía del gasto público. Pero curiosamente se produce varios efectos. Por citar el primero suele producirse en las clases adineradas el denominado “nomadismo tributario”. Los contribuyentes, y que una vez más coinciden con los contribuyentes más pudientes – por citar: multinacionales que operan en nuestro país, deportistas de élite que fijan su domicilio fuera de nuestras fronteras -eluden a ese deber de contribuir mediante la opción tributaria fácil, no ingresar absolutamente nada a la Hacienda Pública Española. O directamente y lo que es mucho más grave el efecto “no contribuyente” – las estimaciones de economía sumergida en nuestro país están en torno al 23% del PIB, lo cual supone que cerca de 89.000 millones de euros dejan de ingresarse anualmente. O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal.
Deporte, paraíso fiscal.
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2007/08/10/masdeporte/1186731795.html
Se calcula el fraude fiscal en 240.000 millones euros, el 23% del PIB
De acuerdo con su capacidad económica: Es decir, el que más riqueza posea, mayor deberá de ser su aportación al sistema. De esa manera, el sistema podrá ejercer de redistribuidor de renta a las personas más desfavorecidas, es lo que se denomina solidaridad fiscal. Sólo que una vez más, las grandes fortunas y corporaciones intentan escapar sistemáticamente a los tipos de gravamen altos, bien mediante el establecimiento de sociedades patrimoniales donde ocultar su patrimonio (personas físicas), bien mediante mecanismos para hacer tributar la riqueza en países de escasa o nula tributación (personas jurídicas).
Google, Apple y Microsoft pagan impuestos mínimos fuera de EE UU
http://elpais.com/diario/2012/01/30/economia/1327878004_850215.html
Mediante un sistema tributario justo: Vértice principal del que debe girar nuestro sistema tributario, la justicia. Un sistema injusto desvirtuaría completamente el deber de contribuir, puesto que a nadie se le podría imponer tal obligación (de traerle parte de su riqueza) si el principio de justicia no estuviera absolutamente garantizado.
No obstante, las dudas de justicia social en nuestro sistema fiscal son más que razonables, las arcas del Estado se nutren básicamente de dos impuestos que recaen directamente sobre la clase asalariada: por una parte, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que supuso en el último ejercicio liquidado un 44% de los ingresos por impuestos, siendo las rentas del trabajo quienes aportaron el 83,7% de la recaudación; y por otra, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto totalmente regresivo que no discrimina en su tributación la capacidad económica del obligado a su pago y que aporta un 32% del importe de la recaudación por impuesto de nuestro país.
El 85% de la recaudación del IRPF proviene ya de las rentas del trabajo
Inspirado en los principios de igualdad: Todos deberemos ser iguales a la hora de pagar nuestros impuestos, a igual riqueza, igual carga tributaria. No obstante, nos encontramos muchas veces con individuos que en la misma situación, pagan diferente factura fiscal. El hecho más contrastable los encontramos con el diferente trato recibido por las rentas de capital respecto a las rentas del trabajo, infinitamente más beneficiadas las primeras. Un segundo caso paradigmático sería el tratamiento desigual entre de las rentas empresariales y rentas del trabajo (régimen de módulos, posibilidad de deducir gastos …). Con una tónica en común, siempre van a ser las rentas del trabajo -perfectamente cuantificables y controlables- las perjudicadas en estas comparativas.
Las rentas del trabajo pagan el fraude fiscal de las sociedades
http://www.expansion.com/accesible/2011/11/10/midinero/1320929470.html
y progresividad: Consiste en aplicar tipos más elevados a las rentas más altas, con lo que el esfuerzo marginal se equipare a todos los contribuyentes, y sean proporcionalmente los que más tienen, los que más aportan. El principal problema es que la progresividad la vemos únicamente en el Impuesto sobre la Renta, el que recae directamente una vez más en las rentas del trabajo. Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades muestra tipos efectivos más bajos conforme asciende la dimensión de la empresa y por ende sus beneficios. Eso sin referirnos al IVA, con un tipo fijo del 21% independientemente del nivel de renta del consumidor, a sabidas que el contribuyente con rentas bajas es el que más propensión al consumo tiene.
Las empresas pagan cada vez menos impuestos.
http://cincodias.com/cincodias/2012/12/11/economia/1355365413_850215.html
que en ningún caso será confiscatorio: El diccionario de la RAE define el término confiscar como “penar con privación de bienes, que son asumidos por el fisco”. Así pues, la obligación de contribuir debe ser tal que no llegue a privar a sus ciudadanos de una parte mayoritaria de su patrimonio, en resumen, que la carga del tributo no sea superior a la riqueza generada. Ante esto, deberíamos discernir entre el carácter confiscatorio o no de un tipo marginal de IRPF del 56% en Catalunya, de un tipo de IVA general del 21% para también los cerca de 6 millones de desempleados actuales, o el caso del Impuesto sobre Sucesiones, donde se vuelve a gravar un bien adquirido con rentas declaradas y tributadas.
Suben un 147 % las renuncias a la herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones.
Llegados a este punto, y como tema de cierre del artículo 31, mención aparte y con un desarrollo que se nos antoja amplio, tendríamos la vertiente de la eficacia en la gestión del gasto público que en estos últimos años ha tenido nuestro país.
Prueba de ello y como colofón, referirnos al reciente estudio realizado por la Universidad de Las Palmas que ha contabilizado el coste social del fraude a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos en la cantidad nada despreciable de 40.000 millones de euros, incluyendo aspectos tan significativos como el impacto de la misma en la reducción de inversiones extranjeras o el efecto desánimo en la población.
Sin duda, es tan importante recaudar bien, como gestionarlo mejor.
La corrupción nos cuesta 40.000 millones anuales a los españoles-
http://www.publico.es/dinero/460139/la-corrupcion-nos-cuesta-40-000-millones-anuales-a-los-espanoles
En conclusión, si usted quiere realmente ahorrar impuestos, preocúpese de que sus gobernantes: luchen tenazmente contra el fraude fiscal y realicen una buena gestión de lo que gastan con sus impuestos. En caso contrario, o usted elige mal a sus gobernantes, o sus gobernantes saben distraerle de lo que realmente debería importarle a la hora de dotar al estado de las herramientas necesarias para poder hacer frente a la situación económica actual.
Miguel Àngel Mayo
