Antonio Fuertes
ATTAC-Acordem
El Ayuntamiento de Barcelona ha sido uno de los primeros en poner trabas reglamentarias a la contratación con empresas que puedan tener relación con operaciones delictivas, fraude fiscal o lavado de dinero, vía paraísos fiscales. La propuesta, aprobada por el pleno municipal, obligará a las empresas licitadoras a declarar que no operan delictivamente en el marco de la jurisdicción nacional e internacional vigente. Esto a partir de la aprobación del decreto municipal, que textualmente establece que “los licitadores, contratistas o subcontratistas o empresas filiales o empresas interpuestas no pueden realizar operaciones financieras en paraísos fiscales” y ello tomando como referencia los paraísos fiscales contenidos en la lista de La Unión Europea y los de la lista Española.
Es de agradecer e ilusiona que uno de los llamados ayuntamientos del cambio comience, a través de esta medida, a enarbolar institucionalmente la bandera contra los paraísos fiscales o centros offshore extraterritoriales. El que una ciudad importante en el Estado español y en Europa, como Barcelona, abra una vía en el cuestionamiento institucional a estos agujeros negros del dinero y ponga cortapisas legales a las empresas que se afincan en ellos, nos llena de orgullo y nos emociona.
No obstante hay que decir que esta es una primera y muy humilde batalla contra la delincuencia fiscal y financiera, bien asentadas en nuestras sociedades a través de estos territorios offshore.
En primer lugar habríamos de suponer la buena voluntad y lealtad a la norma pactada de empresas y entidades bancarias signatarias de los futuros contratos con el consistorio municipal. Si bien, la experiencia reciente nos hace ser cautos al respecto. La crisis generada por la hipertrofia financiera global y por los excesos causantes de la burbuja inmobiliaria y de las estafas a los consumidores bancarios e inmobiliarios, nos orienta en los posibles futuros. Si hay una experiencia firme de la aún reciente crisis, es que no podemos dejar que sean las empresas comerciales o financieras, las que se autorregulen. Es un hecho, que especialmente la mayoría de las grandes empresas, no se imponen límites en su camino al beneficio, así como lo es que no podemos esperar nada de los actuales reguladores (BCE, CNMV,..,etc). Y sabiendo esto pregunto ¿Podemos asegurar la veracidad y lealtad de las grandes empresas en el cumplimiento de los pliegos de pactos en los contratos municipales cuando tiene que ver con paraísos fiscales?
Lo común en este aspecto viene marcado por las grandes posibilidades que el actual sistema financiero internacional ofrece a las grandes empresas y capitales móviles. Cuando se ha creado y expandido, globalmente en las últimas décadas, un espacio financiero internacional absolutamente libre, desregulado y opaco, resulta muy complejo y difícil tratar de establecer contrapoderes locales reguladores. Y lo es porque la estructura opaca de las finanzas está bien asentada en dichos paraísos fiscales, una herramienta imprescindible de los poderes de la globalización financiera, herramienta a la que no van a renunciar mientras su poder siga siendo inmenso. Habría que quitarles la herramienta de las manos, pero ¿Cómo?
Es un hecho que lo que distingue a estos paraísos fiscales, por encima de su escasa o nula tributación, es su opacidad. Opacidad bien cimentada en los sistemas jurídicos especiales de estos territorios y que incorporan, entre otros aspectos, la prescripción del secreto bancario. Así como la facilidad para crear empresas pantalla o instrumentales, fideicomisos o fundaciones y entrelazar con todo ello entramados societarios, que son fundamentales para la ocultación de las personas físicas o jurídicas propietarias de cuentas y empresas. Y también fundamentales para impedir a las policías judiciales e inspectores de hacienda seguir el rastro o trazabilidad de los dineros.
Resulta increíble y es absurdo que algunos pequeños territorios, sin apenas actividad económica, puedan acumular tantos títulos financieros, debido a los apuntes contables de las empresas y particulares, pero hemos tenido que acostumbrarnos a que sea así. Hemos tenido que acostumbrarnos a que el delito de cuello blanco esté amparado por el marco jurídico internacional, dado el reconocimiento de los sistemas jurídicos offshore. Esto está en la base de la corrupción social y de los sistemas políticos y en el código genético del capitalismo actual: Capitalismo delictivo y de casino. Se ha montado y legalizado la gran farsa: El imperio de la ley, pilar del liberalismo y de la democracia liberal, es pura hipocresía. La ley que impera es la del más fuerte y utilizan los paraísos fiscales para el robo generalizado y para socavar la democracia. Es patente que los paraísos fiscales, a través de su sistema jurídico, venden su soberanía al capital financiero internacional y mientras éste domine, la vida de los paraísos fiscales será larga.
Es pues muy posible que, ante las seguridades que ofrece la opacidad de estos territorios, las empresas móviles y globalizadas no se sientan intimidadas por un pliego de condiciones firmado con los poderes locales y sigan utilizando las ventajas competitivas que les ofrecen el secreto bancario y la opacidad. Hoy queda muy lejos aquello de la ética empresarial, solo la amenaza de sanciones posibles y aplicables y la posibilidad de poner luz en los vericuetos por los que transitan la evasión y el lavado de dinero, podría asegurar que los contratantes cumplan el pacto para no ser sancionados. Bien es verdad que ahora los ciudadanos, ciudadanas y los poderes públicos estamos exultantes por algo que no ha pasado hasta hace poco y es la sucesión de filtraciones que están dejando en evidencia a empresas y particulares, Swissleaks, Luxleaks o Panamá Papers. Aunque la ciudadanía no puede permanecer confiando en un “Zorro protector” que realice, a largo plazo, el rol histórico que solo a ella puede y le corresponde ejercer. La lucha para acabar con los paraísos fiscales es hoy un reto necesario de la ciudadanía en el tránsito a otro mundo mejor posible.
En segundo lugar, apreciamos en el decreto municipal, que hace especial énfasis en sancionar a las empresas que actúen ilegalmente, pero no explicita medios para disuadir a las empresas que utilizan la ingeniería fiscal o planificación fiscal agresiva, para legalmente pagar sus impuestos en paraísos fiscales o territorios de muy baja tributación. Este parece, a mi modo de ver, el principal agujero por donde pueden escapar estas empresas de las haciendas locales. Parece ser que los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, se han querido situar con este decreto, bajo el paraguas de una estricta legalidad, aunque de sobras saben que legalidad y legitimidad no viene a ser lo mismo. Además se puede constatar, cómo en los últimos años, las empresas transnacionales van aumentando la parte de su presupuesto que dedican a contratar servicios de fiscalistas para que les ayude a eludir impuestos, operación legal a nivel internacional, pero que vacía los erarios públicos favoreciendo a las empresas. Otra vez tenemos que citar aquí el caso de Luxleaks, base de la elusión fiscal de grandes empresas o también hemos de reseñar el peligro que para la elusión fiscal va a constituir la firma del acuerdo de nuestro país con Andorra, para evitar la doble tributación y los acuerdos bilaterales comerciales con las comunidades autónomas.
Finalmente expresar que la lógica línea de estricta legalidad del Ayuntamiento de Barcelona, también afecta a la elección de la lista a la que se ajustan los países de referencia, paraísos fiscales, en el decreto. Se han elegido las listas “legales” la de la Unión Europea y la de España, pero tampoco considero que sean la más legítimas en cuanto a figurantes, creo más completa la lista elaborada con criterios muy estrictos, por la red ciudadana de expertos “Tax Justice Network”. Por ejemplo en la lista de TJN figuran Países Bajos o Luxemburgo y en la de la UE no. Es un hecho que ambos son paraísos fiscales entre los más importantes. Países bajos que constituyen un complejo offshore importante junto a sus terrenos insulares de Aruba u otras Antillas holandesas y que además poseen muy baja fiscalidad para los holdings, lo cual afecta a empresas como ING o Triodos Bank, que son propietarias de holdings allí domiciliados. Por lo que hace referencia a Luxemburgo, posee secreto bancario y muy baja fiscalidad, demostrada ésta en el caso de Luxleaks.
Creo loable la actuación al respecto del Ayuntamiento de Barcelona y otros y comunidades que están actuando en la misma línea, o bien simplemente comienzan por declarar a sus municipios ZLPF (Zonas libres de paraísos fiscales) en un ejercicio de dignidad para focalizar la atención ciudadana y de las autoridades internacionales sobre esta lacra del Siglo XXI. Sin embargo hemos de tener muy claro que recién acabamos de abrir la puerta que nos conduce a un camino muy largo y lleno de trampas y dificultades.
Animo a las personas comprometidas y conscientes a que se unan a esta comitiva, que justo acaba de comenzar su andadura, para presentar cara a los poderes financieros y a la existencia de los paraísos fiscales, que socavan las democracias y hacen tambalearse al Estado de derecho. Y adelanto que la única forma de enfrentarse eficazmente a las finanzas offshore es acabar con la opacidad y los regímenes jurídicos de los territorios paraísos fiscales. En este sentido sólo una voluntad internacional unida, para poner luz a los procedimientos financieros y contables y que al mismo tiempo utilice sanciones fiscales y comerciales contra estos territorios de no cambiar sus sistemas jurídicos, tendría la posibilidad de acabar con el problema. No obstante soy consciente que la voluntad internacional está a nivel político hoy presa de los grandes poderes económico – financieros y de las oligarquías políticas locales que les sirven.
El camino para plantar cara a las oligarquías políticas y económicas, lo comenzamos ganando en algunos grandes ayuntamientos, ahora vienen las elecciones generales, a ver si cunde el ejemplo y más adelante hacia las europeas. Mientras tanto vayamos tejiendo una sociedad civil crítica, consciente y cohexionada ¡No hay otro camino!
